Hace tan solo unas semanas una profesora de la EASP nos hablaba de una
barriada humilde de Granada donde los excesivos cultivos ilegales de marihuana
provocaban continuos cortes de luz. Unos días después, un amigo médico nos
contaba escandalizado el comportamiento de su anciano padre. Disponía de una
pequeña macetita para consumo propio por problemas de salud, pero de motu
propio, había decidido darle los excedentes a un “chico joven de color a cambio
de unos euros”. Y hoy, he leído en la prensa que en Argentina hace unos días se
produjo una marcha masiva para exigir la legalización del cultivo de marihuana.
Como tantos otros temas polémicos, tienen un comportamiento cíclico y
casi estacional en el que surge la polémica y se disipa sin saber muy bien el
motivo. Es el tema de la legalización de determinadas drogas ilegales en
España.
Todos tenemos en nuestro entorno algún consumidor habituales u
ocasional. No son clases sociales bajas, en su mayoría. Sin embargo, no existen
datos del numero real de consumidores o antiguos consumidores dado la opacidad
existente por la cobertura legal de nuestro país.
En España, desde 1973 disponemos del Código Penal de la Convención
Única sobre Estupefacientes. Posteriormente, siendo país pionero en Europa, el
Tribunal Supremo “despenalizó” el
consumo personal. Por el momento, sigue sin existir una regulación administrativa
respecto a este tema, provocando inseguridad jurídica. Lo cierto es que el
consumo en lugares públicos está penalizado con sanciones económicas.
La despenalización lo que ha permitido es la proliferación en todo el
país de los Clubes Sociales de Cannabis. Son asociaciones privadas sin animo de
lucro en cuya propiedad se permite el consumo a sus miembros. Estos centros o lugares
de encuentro han sido objeto de intervenciones policiales y judiciales. Se cree
que ascienden a más de 200 en nuestro país.
Países como Holanda, Bélgica, Francia o Alemania disponen de clubes sin animo de lucro que cultivan bajo control de los miembros para propiciar el consumo. El cultivo particular no está regulado y se lleva a cabo en la clandestinidad.
La polémica está servida principalmente por dos motivos: el aumento del consumo de drogas a edades tempranas y los
gastos sociales que generan. Existen
pocos datos, las estimaciones son elevadas y nada despreciables.
Otra opinión generalizada y que compartía Galeano en el Economista
años atrás es que “la única solución es legalizar la droga para
poder someterla al control público y tratar a sus víctimas, los drogadictos,
como enfermos y no como criminales. Esto está claro que no tiene solución
policial ni militar".
Comparto esta idea, pero facilitar la accesibilidad a las drogas a la población,
¿no generaría un aumento del consumo?. Como casi todos los temas polémicos en
nuestra sociedad, es difícil estimar las repercusiones de una u otra decisión.
Este es el dilema para poder optar por la mejor de las soluciones sin
dilaciones.
Desde mi burda y no experta reflexión, me hace realizar una
transferibilidad con respecto a las drogas legales que conocemos; en este caso,
el tabaco. Su consumo ha disminuido considerablemente desde la ley que acota su
consumo en lugares públicos.
Es un hecho.
Por lo tanto, legalizar determinadas drogas sin unas normas muy
estrictas de consumo, podría ser “peligroso” para la salud pública y generar
tantos costes sociosanitarios que dificultaría aún más la sostenibilidad del
sistema sanitario.
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